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Cuando la corrupción habla de derechos humanos: la “Bribery Act” británica

Pocos fuera del Reino Unido conocen el contenido y el alcance de la ley británica sobre corrupción (Bribery Act 2010) que entró en vigor en julio del año pasado. Presionado por la OCDE, y tras largos años de informes y tentativas de proyectos de ley, el Parlamento británico aprobó finalmente una ley que permite juzgar, e incluso encarcelar, a los máximos directivos de una empresa británica si se demuestra que no han puesto en marcha los mecanismos necesarios para impedir actividades de soborno por parte de alguno de sus empleados en cualquier país del mundo. Esta ley somete así a las empresas británicas a la obligación de prevenir el posible soborno al que pueda incurrir alguna de sus filiales a escala global con la mayor celeridad y eficacia posible. Según esta ley, una persona será culpable de este delito, si promete, ofrece o da una ventaja económica, o de algún otro tipo, a un funcionario público extranjero, ya sea directamente o a través de un tercero. El hecho de incluir la participación de “terceros” obliga a las empresas a mantener un altísimo nivel de vigilancia y monitoreo del procedimiento para acceder a contratos o licitaciones públicas en los que los niveles de corrupción son per se elevados.

En una Guía publicada a posteriori por el Gobierno británico, ante el aluvión de críticas, se hace hincapié en que las empresas deben poner en marcha procedimientos al más alto nivel a este respecto, contar con el compromiso de la alta dirección, evaluar los riesgos de las operaciones en este sentido, aplicar la diligencia debida, capacitar a sus empleados y, monitorear y revisar sus políticas anti-soborno a escala global. Según esta Guía, toda organización comercial podría estar sujeta a los rigores de la ley si no cuenta con un código de conducta o si su personal no está familiarizado con los riesgos y no recibe la formación adecuada para prevenir su ocurrencia. En este sentido, si una empresa fuera acusada del delito de soborno debería ser capaz de demostrar, para defenderse, que ha puesto en marcha todos los “procedimientos adecuados” para impedirlo.

A tenor de los informes de la organización Transparency International , existe una larga lista de países en los que el soborno y la corrupción es una práctica habitual. Considerado un coste más para algunas empresas que pretenden competir por contratos o licitaciones más o menos legales es, sin embargo, el origen de numerosos abusos a los derechos humanos. Infraestructuras básicas que multiplican sus costes desmesuradamente, servicios de salud a los cuales tan sólo tienen acceso aquellos que pueden costear este sobre-precio o la falta de acceso a bienes de primera necesidad son algunas de sus consecuencias en un gran número de países con un alto coste humano cotidiano.

Sin embargo, esta cuestión ha planteado también la pérdida de competitividad, o, incluso, el abandono de determinados mercados por parte de las empresas británicas: es bien sabido que, en algunos países, el soborno es de obligado cumplimiento para poder pasar a engrosar la lista de posibles proveedores de un producto o servicio. Esto es precisamente lo que ha ocurrido en el mercado de los libros de texto en África que numerosas empresas de edición británicas han abandonado presionadas por el hecho de que el soborno es una práctica indispensable para tener, tan solo, derecho a participar en las distintas licitaciones ofertadas por agencias gubernamentales. Cada vez son más los estudios que vinculan la práctica de la corrupción a los abusos generalizados a los derechos humanos. En este sentido, esta ley, sin duda encomiable y que marca un difícil camino a seguir, podría tener efectos perversos para la inversión británica si no se encara de manera coordinada en un futuro próximo.

Descargar el libro: Buenas prácticas en la lucha contra la corrupción. Empresas multinacionales

Por: Maria Prandi
Investigadora del Instituto de Innovación Social de ESADE

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