Primer Foro de Derechos Humanos y Empresa, Ginebra

El tema de los Derechos Humanos (DDHH) y la empresa están ahora más presentes en la escena global. Sin duda el poco éxito hasta la fecha de la protección de los DDHH frente a actividades empresariales, una mayor visibilidad de los casos de abusos y el “efecto Ruggie” han favorecido este resurgir. El 16 de Junio 2011 el Consejo de Derechos Humanos (DDHH) aprobó en su resolución 17/4 “los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos” tras 5 años de trabajo del equipo de Ruggie. Para muchos esto significó que finalmente se había conseguido crear un marco de referencia y unos Principios Rectores (PPRR) con altos niveles de consenso, para mejorar las normas y prácticas en relación con los DDHH y las empresas.

Estos PPRR asignan roles y  responsabilidades para los dos principales actores: estados y empresas. Asignar una responsabilidad a la empresa es una de las novedades del enfoque ya que los DDHH están tradicionalmente unidos a las obligaciones de los estados. Como comenta Ruggie, la apuesta es que con el marco y los PPRR se refuerce la gobernanza global a través de la mejora de la gobernanza individual de los estados, empresas y sociedad civil.

De hecho, es cierto que cada vez más gobiernos adoptan medidas legales con efectos extra-territoriales sobre abusos de sus empresas nacionales fuera de sus fronteras. Hay convergencia por primera vez sobre unas normas internacionales, respaldadas en su mayoría a nivel social, corporativo y gubernamental. Pero muchos se preguntan por qué funcionaría en esta ocasión si otras normas e iniciativas, no tan distintas, no lo hicieron en el pasado.

Desde que se habla de DDHH y empresa han existido dos visiones muy marcadas. Por un lado gran parte de los “practitioners” (sobre todo sociedad civil) reclama la existencia de un instrumento legal supra-nacional que obligue a estados y empresas a cumplir con las leyes internacionales de protección de los DDHH de comunidades e individuos frente a la actividad empresarial. Del otro lado, con mayor densidad de empresas y gobiernos entre sus promotores, se encuentra la vía de las iniciativas voluntarias y el argumento de la “soberanía nacional”. Hasta la fecha se ha demostrado en gran medida que ni el uno parece factible ni el otro ha sido eficaz.

Y el nuevo marco y los PPRR no parecen haber conseguido aparcar esta tensión. De los distintos debates que tuvieron lugar durante el Foro de DDHH y Empresa que se celebró a principios de diciembre en Ginebra se desprende que la pregunta sobre voluntarismo frente a obligación legal sigue muy presente. Si bien el objetivo del marco y los PPRR era dar respuesta justamente a este dilema, la pregunta sigue en el aire: ¿hasta qué punto pueden los PPRR reemplazar un marco normativo internacional o hacer que las iniciativas voluntarias sean más rigurosas, generalizadas y menos opcionales y unilaterales?

El éxito de participación del Foro con más de 900 asistentes de 85 países demostró el interés que el nuevo marco suscita. Muchos de los asistentes vinieron a satisfacer su curiosidad sobre su aplicación y sobre lo que se estaba “cociendo” para el futuro (muchas empresas y consultores presentes). Este interés no es necesariamente un apoyo tácito a los PPRR. Para muchos de los participantes si bien el enfoque tiene méritos los grandes desafíos siguen muy presentes. Sí quedó claro durante las sesiones que el nuevo marco y sus PPRR tienen respaldos importantes al estar siendo utilizados como base en nuevas normas y políticas. Entre otras las de la OECD y su guía para las multinacionales, la Unión Europea y sus planes nacionales de implementación del marco, el IFC, EEUU (Dodd-Frank Act), y las multinacionales algunas de las cuales hablan ya públicamente de cómo sus políticas y prácticas se basan en este nuevo marco. Esto último pudo causar extrañeza entre los asistentes ya que no hay una hoja de ruta clara de aplicación de los PPRR ni entre los más “expertos”. De hecho, justamente se echó en falta algo más de discusión sobre herramientas para operacionalizar los PPRR.

El tiempo dirá. Lo que hay ahora en el camino son algunos desafíos claros inmediatos: conseguir un consenso sobre cómo operacionalizar los PPRR (para no dejar que las interpretaciones individuales acaben menoscabando el marco y el apoyo generalizado que recibe), la capacitación de actores sobre implementación de los PPRR (Norte/Sur, multinacional/PYME) incluyendo cómo crear mecanismos de reclamación que funcionen, conseguir que la industria financiera se sume a este esfuerzo, mejorar la medición del coste para las empresas y los estados que no cumplen con los DDHH o establecer un mecanismo intergubernamental para ofrecer mayor claridad legal en los casos de países en conflicto con indicios de complicidad de la empresa y el estado en crímenes contra la humanidad.

El 2013 será un año clave para los PPRR y la agenda de DDHH. Anticipamos ver algunas empresas y consultoras desarrollando herramientas alineadas con el nuevo marco que les permitan evaluar, mitigar y remediar abusos al mismo tiempo que diferenciarse de a sus competidores. Queda menos claro lo que harán los estados. ¿Tal vez intentar coordinar esfuerzos entre sus departamentos de comercio, finanzas e industria? ¿O mejorar el respeto de la ley entre sus fronteras? La tarea no es poca. Está previsto que se reúnan todas las agencias de NNUU durante el año para tratar el tema. La organización de un segundo Foro previsto para finales de año sin duda nos brindará la oportunidad de medir avances y de responder a alguna pregunta más.

Por: Santiago Porto, experto en temas de empresa y desarrollo humano

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