Archivo del Enero, 2012

Aumenta sin cesar el número de personas, grupos y entidades de la sociedad civil que actúan decididamente para combatir las causas y consecuencias de las crisis que estamos viviendo. Entre ellas, las entidades del tercer sector social que han de atender a más personas semana tras semana contando con menos recursos públicos, o las ONG de cooperación internacional, en lucha contra las sustanciales reducciones que las diferentes administraciones públicas están realizando en sus presupuestos de ayuda al desarrollo.

Las protestas de todos estos grupos de la sociedad civil se solaparán con una agenda muy intensa de actuaciones destinadas a los más afectados por la crisis. Según la última encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, el 21,8% de la población residente en España está por debajo del umbral de riesgo de pobreza. Esta situación -que en 2008 afectaba al 19,6% de los ciudadanos- no ha dejado de empeorar desde que se inició la crisis, como también lo ha hecho el número de hogares en los que todos sus miembros activos se hallan en el paro, cifra que en el tercer trimestre del 2011 se situaba ya en 1.425.200 domicilios. El desempleo castiga especialmente a los jóvenes y también a la población extranjera cuya tasa de paro es del 32,72%, más de 13 puntos superior a la de las personas de nacionalidad española.

A lo largo del 2012, las ONG y entidades que ayudan a las personas en situación más vulnerable tendrán que responder a una mayor demanda social, tanto por la multiplicación del número de ciudadanos que les solicitará ayuda como por los casos no atendidos por los servicios sociales de las administraciones públicas, que se verán aun más desbordadas a medida que pasen los días y se incrementen los recortes en los presupuestos de gasto social. Ahora bien, estas asociaciones reclaman que los dirigentes públicos las tengan en cuenta para definir las políticas sociales y determinar los recursos que se les debe asignar. No aceptan el rol subsidiario de cubrir los agujeros que los recortes están generando en los servicios y prestaciones públicas. En consecuencia, insistirán en la defensa de una sociedad que garantice los derechos fundamentales de todas las personas y que cuente con un sistema eficaz de protección social y de rentas mínimas de inclusión. Asimismo, exigirán que en las políticas activas de empleo se priorice a los grupos más excluidos del mercado laboral.

De hecho, el movimiento social que se ha ido conformando a lo largo de los últimos meses quiere participar e influir mucho más en la política. Aspira a incidir en retos tan cruciales como conseguir un sistema fiscal más equitativo, asegurar unos servicios públicos de calidad o hacer efectivo el derecho a la vivienda así como la dación en pago para cancelar las hipotecas. Es cierto que una parte de este movimiento, no mayoritaria, repudia a los que se dedican profesionalmente a la política a través de los partidos tradicionales. Aún así, corresponde a éstos y concretamente al gobierno central y a los autonómicos decidir si quieren escuchar y valorar sus propuestas. Es imprescindible que sepan hacerlo. Sería una lástima perder todo el potencial de contribución política de la sociedad civil y seguir empalmando largos, intensos e infructuosos períodos de confrontación. A estas alturas, es un derroche que no nos podemos permitir.

Ignasi Carreras, director del Instituto de Innovación Social de ESADE